Indígenas del chocó hacinados en Pueblo Rico, en riesgo de salud
Por lo menos 300 indígenas Embera Katío provenientes de comunidades raizales del Chocó permanecen desde la semana pasada en el coliseo del municipio de Pueblo Rico (Risaralda) y ya empiezan a presentarse riesgos de salud por las condiciones en las que se encuentran.
Estas comunidades se niegan a regresar a sus territorios por temor al accionar de la guerrilla del ELN, organización que hace presencia en la zona con acciones de presión a las comunidades negras e indígenas, así mismo reclaman el cumplimiento de compromisos adquiridos en el pasado por parte de la gobernación del Chocó.
Con el paso de los días, situación empeora y ha ocasionado una emergencia humanitaria en esa población, ya que el municipio no cuenta con las condiciones para atender a esas familias, incluso el propio personero de la localidad, Danilo Mejía, ha manifestado que teme por la ocurrencia de contagios masivos de covid-19 por las condiciones de hacinamiento que se registra en los albergues.
“Hay preocupación por el riesgo de contagio de covid-19, porque obviamente para estos casos lo que se hace es disponer de un lugar y aquí no espacios amplios para atender y garantizar el aislamiento”, dijo el funcionario.
Por el momento, se están haciendo pruebas para determinar las condiciones de infectación por covid, las cuales se estarán conociendo esta semana que comienza.
Existe el riesgo de contagio de otras patologías de fácil transmisión propias del sector que puedan ocasionar el colapso de la red hospitalaria, ante las limitaciones que tiene se municipio, expresó el personero.
Además de los temores por la presencia del ELN, la comunidad indígena desplazada también le ha pedido a la Gobernación del Chocó que instale una mesa de concertación, con el fin de garantizar el retorno de esas comunidades en los próximos días, tras cumplir un pliego de peticiones en el que priorizan reparación de escuelas, la construcción de un puesto de salud, ayuda en el sector agrícola y de producción, seguridad alimentaria durante tres meses después del retorno y la seguridad por parte de la fuerza pública al momento del volver a sus resguardos.
