Estados Unidos impone restricciones de visa a siete colombianos por presuntos vínculos con corrupción
La medida anunciada por Washington incluye a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a varios dirigentes políticos. Las restricciones también cobijan a sus familiares, según el Departamento de Estado.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de visa contra siete ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La decisión hace parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para combatir la corrupción y el narcotráfico en América Latina.
La medida también afecta al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador electo Wadith Manzur; a la representante electa Karen Manrique; a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y al excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. De acuerdo con el Departamento de Estado, las restricciones se extienden a sus familiares.
Washington vinculó esta decisión con el denominado Escudo de las Américas, una alianza regional promovida por Trump para enfrentar las redes criminales y la corrupción. Según la información suministrada, Colombia se sumó a esta iniciativa bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
«La Administración de Trump está del lado del Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura», afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Las restricciones se sustentan en una política anunciada el pasado 28 de septiembre, dirigida a ciudadanos extranjeros que, según las autoridades estadounidenses, debilitan a los gobiernos latinoamericanos mediante prácticas de corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico.
Ricardo Roa, en el centro de las investigaciones
Uno de los nombres más relevantes de la lista es el de Ricardo Roa, quien se apartó temporalmente de la presidencia de Ecopetrol el pasado 7 de abril, mediante una licencia no remunerada, en medio de investigaciones judiciales y administrativas.
El 11 de marzo, la Fiscalía colombiana le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación relacionada con la adquisición de un apartamento en Bogotá y un posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.
Posteriormente, el 12 de mayo, el ente acusador le imputó otro cargo: presunta violación de los límites de gastos electorales. El proceso está relacionado con posibles irregularidades en los informes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual Roa fue gerente.
Las imputaciones corresponden a procesos en curso y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
Procesos que involucran a congresistas
La decisión estadounidense también alcanza a Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar, quienes enfrentan procesos por presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos para sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno de Petro en 2023.
Con estas restricciones, Washington amplía sus medidas contra figuras políticas colombianas señaladas en investigaciones por posibles hechos de corrupción. La decisión se enmarca en una estrategia regional que busca limitar el ingreso a territorio estadounidense de personas a las que el Gobierno de Trump atribuye actuaciones contrarias a sus objetivos de lucha contra las redes criminales.
El anuncio abre un nuevo capítulo en la relación entre las políticas anticorrupción de Estados Unidos y los procesos judiciales que involucran a dirigentes colombianos, en un contexto en el que las investigaciones y las decisiones administrativas continúan su curso en las autoridades competentes.
