Continua la censura desde el Gobierno de Venezuela, anulan pasaportes de periodistas y activistas sociales.
Desde el 29 de julio, la organización Espacio Público ha registrado al menos 16 casos de anulación de pasaportes de periodistas y activistas de derechos humanos en Venezuela. En un contexto de creciente represión y control gubernamental, estos casos han encendido alarmas sobre la intensificación de las tácticas intimidatorias del gobierno venezolano, recordando también la reciente amenaza de censurar las redes sociales en Venezuela todo esto contra aquellos que se atreven a desafiar el régimen.
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Carlos Correa, director de Espacio Público, comentó en una entrevista con CNN que aunque la anulación de pasaportes no es algo nuevo en Venezuela, el reciente aumento de denuncias es significativo y preocupante. A pesar de que no se puede confirmar que estas acciones sean parte de un bloqueo masivo, el patrón observado sugiere una escalada en la represión estatal. Muchos de los afectados han solicitado mantener su identidad en reserva, temiendo represalias mayores.
Uno de los casos más recientes involucró a un activista de derechos LGTBI, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Aunque fue liberado horas después, su pasaporte fue anulado, dejándolo sin posibilidad de viajar. Este caso se suma a una lista creciente de víctimas que han visto sus documentos de viaje cancelados sin previo aviso.
No es la primera vez que en Venezuela se recurre a la anulación de pasaportes como medida de control. Entre 2016 y 2019, varios políticos, periodistas, artistas y activistas sufrieron la cancelación de sus documentos de viaje en circunstancias similares. La ONG Laboratorio de Paz estima que el número de denuncias podría ser aún mayor, llegando a afectar a unas 25 personas.
Las víctimas de esta práctica no solo se encuentran en Venezuela, sino también en la diáspora venezolana en el extranjero. Jefferson Díaz, un periodista residente en Ecuador, relató a CNN cómo su pasaporte y los de su familia fueron anulados, lo que él sospecha está relacionado con su activismo en temas migratorios. Otro caso destacado es el de Luis Magallanes, coordinador del partido opositor Voluntad Popular en Ecuador, quien descubrió que su pasaporte, emitido en 2022 con una validez de 10 años, había sido anulado, lo que él considera una “retaliación política” por su activismo.
Desde Chile, Romer Rubio, un militante político y crítico del gobierno venezolano, denunció en sus redes sociales que su pasaporte, emitido el año pasado, también fue anulado después de las elecciones. Rubio teme que este sea el inicio de una nueva ola de represión destinada a silenciar a los críticos del gobierno, tanto dentro como fuera del país.
Estas denuncias, que siguen en aumento, parecen reflejar una estrategia clara: limitar la movilidad y seguridad de aquellos que se atreven a cuestionar al gobierno venezolano, utilizando la anulación de pasaportes como una herramienta de represión política y social.
