Medidas cautelares a Visa y Mastercard
La Super Intendencia de Industria y Comercio busca proteger a consumidores por sobrecostos en pagos virtuales.
Vissa y Mastercard estarían incrementando entre un 700 y un 1000% los precios de los bienes ofrecidos en el exterior a sus usuarios, comportamientos por los cuales la Super Intendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso medidas cautelares.
Estas posibles prácticas restrictivas de la competencia se harían en el comercio extranjero con tarjetas de crédito y débito.
De acuerdo con la SIC, se recibió una denuncia de parte uno de los agentes locales en la que se alerta que Visa y Mastercard estarían adelantando acciones tendientes a hacer más costosa la comisión en países como Chile, Argentina, Perú y Colombia.
Igualmente, las multinacionales habrían propuesto a los bancos aliados a las franquicias multinacionales s que las transacciones únicamente puedan ser procesadas a través de dos programas, creados por ellos mismos.
Según se conoció, estos programas entrarían en funcionamiento en Colombia entre los meses de julio y septiembre del presente año, lo que generaría un aumento de las tarifas en las transacciones que oscilarían entre el 700 % y el 1.000 %, aumentando los precios de los bienes y servicios ofrecidos por comercios electrónicos extranjeros y la exclusión de aquellos comercios que no adhieran a los programas creados por Visa y Mastercard.
“Estarían solicitando a los bancos que dejen de afiliar a más comercios extranjeros, para el funcionamiento del modelo agente de retención local”, señaló la entidad.
La Supe Intendencia encontró varias pruebas que llevaron visualizar sobre la probable ejecución por parte esos agentes, de las conductas restrictivas de competencia que fueron denunciadas.
En ese sentido entre las medidas del órgano de vigilancia está la de no imponer o implementar cualquier regla, programa o medida, que prohíba o restrinja la actividad económica que desarrollan los agentes en el modelo LCA en Colombia. Así mismo suspenderá de manera inmediata cualquier tipo de comunicación, reclamación o amenaza en contra de las entidades que ejercen la actividad “de adquirencia en Colombia, para evitar que sigan contratando con agentes que ofrecen el modelo LCA en el país”.
Concluyó con el llamado a las entidades financieras y bancos que ejercen la actividad en el sistema financiero colombiano, a continuar contratando con los agentes que ofrecen el modelo LCA como lo venían haciendo hasta ahora.
