Pedido al gobierno nacional para el transporte masivo

Por Alvaro Beltrán Alzate

Los alcaldes de ocho ciudades enviaron una carta al Presidente de la República en la que le solicitan recursos para la sostenibilidad financiera de los ocho sistemas de transporte masivo de pasajeros en Colombia, por considerar que no poseen los recursos para garantizar la operación a partir de 2021. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla y la alcaldesa Claudia López se reunieron la semana anterior, y esta última le expuso las serias dificultades financieras de los sistemas de transporte masivo en el país. Buscan que el gobierno aporte el 70% y los municipios el 30% de los recursos para cofinanciar este déficit.

Para el caso del sistema Megabús proyectan a mayo de 2020, $42.500 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional aportaría el 70%, es decir $29.750 millones de pesos y “Aporte ciudad” de $12.750 millones de pesos. Quedan varios interrogantes; 1) No se conoce qué alcance tiene la cifra solicitada en el tiempo; 2) Incluye el Transporte Público Colectivo – TPC?; 3) Los $12.750 millones de pesos los aportaría solo Pereira?, cuando posee el 55% de las acciones en Megabús S.A.?; 4) Se conoce si van a aportar Dosquebradas el 40% y La Virginia el 5% de acuerdo con su participación accionaria?

No se conocen cuáles son las proyecciones deficitarias para los años 2021, 2022 y 2023, por lo tanto no se sabe hasta cuándo se van a solicitar aportes del 70% al Gobierno Nacional; el Gobierno aportaría el 70%?, si es menor el porcentaje, Pereira asumirá ese mayor valor?

En nuestro caso, en términos de un juicioso análisis que se debe realizar, considero que es prudente reconocer la rentabilidad del negocio de acuerdo con el riesgo del sector – costo de capital – a los dos operadores, esta cifra, fue valorado por Transconsult Colombia en 2017 en el 12,68%.

Una vez considerados los anteriores datos debemos tener en cuenta consideraciones técnicas con respecto a los estados financieros de los dos operadores de manera independiente por las siguientes razones: 1) No se debe tener como base únicamente los ingresos brutos de cada operador con una demanda estimada para efectos de reconocimiento inicial, pues hay que considerar que no tuvieron muchos gastos y costos en la operación como es el consumo de combustible, mantenimiento de la flota que estuvo parada, lavado, repuestos, mano de obra, etc.; así, como no hubo ingresos, tampoco se causaron muchos gastos y costos en la operación de la flota. 2) Dado que hay un operador que termina su contrato de concesión en 2023 y posee 23 articulados ya depreciados, modelo 2006, y 13 modelo 2014, mientras que el otro operador  comenzó la operación hace dos años y tiene toda su flota nueva. La estructura de costos y gastos es diferente dadas las condiciones de su situación actual. 3) No se deben considerar gastos y costos que no correspondan a la operación como son gastos administrativos, financieros, honorarios, depreciaciones, etc.; el Estado no tiene porque subsidiar o hacer algún reconocimiento a inversiones que no corresponden a la operación y que no se encuentran incluídas como una obligación en los contratos de concesión. 4) La información de los operadores es normalmente asimétrica; y es asimétrica porque el operador trata de no dar a conocer todos los detalles de costos y gastos ineficientes de la gestión de la empresa, ya que se conocerían los costos y gastos ineficientes. Esta es una práctica común de casi todos los agentes en el mundo y es reconocida y estudiada por los teóricos de la regulación económica en todos los sectores de la economía; por lo que debe considerar un porcentaje de los gastos administrativos y de operación; el Estado no debe subsidiar este tipo de gastos. 5) Se debería reconocer la rentabilidad de la operación, y para ello es posible hacer proyecciones en varios escenarios para cada operador. En Megabús existe información histórica de mas de quince años muy confiable. Se trata de ser razonables y garantizar rentabilidad que es en últimas el fin de todo empresario.

Dadas las premisas anteriores, el análisis de los valores a reconocer serían cifras aterrizadas, pues veo casi un imposible que el Gobierno Nacional en este primer pedido aporte el 70% de 1,9 billones de pesos, es decir 1,33 billones, que equivale al 5% de su proyección de la reforma tributaria que va a proponer al Congreso sin que exista en nuestro caso el “Fondo de Estabilización Tarifaria” con recursos. No se tiene certeza qué sucederá en los próximos años con los sistemas de transporte masivo en Colombia, pues estos no son subsidiados, y mas ahora con un déficit fiscal en las finanzas públicas de la nación del 6,8% del PIB en 2020.

Ahora bien, hay que preguntar si los municipios de Dosquebradas y La Virginia tienen claro que deberán hacer aportes para el pago del 30% o mas en este primer esfuerzo fiscal. Solo lo va a hacer el municipio de Pereira? Tiene recursos por $12.750 millones de pesos?

No puede pasar por alto que Megabús S.A. tiene entre manos una demanda del operador Integra S.A., por mas de $150.000 millones de pesos en un Tribunal de Arbitramento en Bogotá, el cual esta en discusión.

Los ciudadanos requerimos de mayor información, pues mientras el cable aéreo tiene estimado un déficit operacional superior a los $15.000 millones de pesos anuales y por todos los años que dure su operación; ahora le llega otra cifra inmensa que cubrir, lo que puede llevar a paralizar grandes proyectos del alcalde Maya, como es la avenida hacia el sector de Cerritos que va ser financiado con los impuestos de todos los pereiranos.

Para este reconocimiento a los operadores del sistema Megabús, es importante definir el concepto de sostenibilidad e incorporarlo en los contratos de concesión; sin este requisito el Gobierno Nacional y los municipios no deberían hacer reconocimiento ni desembolso alguno. El Decreto 575 de 2020, en su artículo 3º, dice en su último parágrafo: “Los contratos de concesión y operación deben contemplar el concepto de sostenibilidad, y para el efecto se podrán realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar.”

Cada ciudad tiene sus características propias, en nuestro caso no se conoce qué política tienen los municipios con el vencimiento de la concesión en 2023 de uno de los operadores. Es el momento de hacer una análisis de fondo del sistema Megabús, del transporte público colectivo, hacer una revisión de tarifas y del cable aéreo, la incorporación de buses padrones eléctricos, se debe hacer viable el “Fondo de Estabilización Tarifaria”, aplicación de subsidios a capas de la población mas vulnerables, entre otros. Se debe llegar a un concenso que resulte de ultilidad para todos.